El gobierno bonaerense busca cesantear a siete mil docentes

La medida surge de la aplicación arbitraria y sin consenso con los gremios, de un artículo del estatuto docente que impide a los maestros y profesores sin título legalizado la continuidad a cargo de un curso.

De acuerdo con denuncias de SADOP, SUTEBA, FEB, entre otros gremios docentes, el gobierno de la provincia de Buenos Aires pretende, mediante la aplicación de los artículos 109 y 110 del estatuto docente, cesantear a más 7000 mil docentes de los niveles inicial y secundario que aún no poseen sus títulos habilitantes. Dichos artículos impiden la continuidad en sus cargos a todos los docentes no diplomados a la hora de obtener sus cargos u horas cátedra, pero también en cierto que habían caído en desuso luego de que se reglamentara la emergencia en educación y se abrieran los listados 108 b y 108 a, así como el listado de emergencia. Estos listados se ordenan de forma jerárquica, siempre dando prioridad a los docentes diplomados, y en segundo lugar en base a su “puntaje docente”, siendo el último de ellos el “listado de emergencia.” Así, ante el peligro de cierre de cursos en distintas partes de la provincia por falta de maestros y profesores se implementaron estos listados que permiten a personas que aún cursan la carrera o con el título en trámite acceder a cargos en la escuela estatal y mantenerse indefinidamente en ellos.

La medida llevada adelante por la gobernadora Vidal busca recortar todos esos puestos docentes al mismo tiempo que se crearían los cursos que ellos tienen a cargo. Los principales afectados son los docentes de las llamadas “materias opcionales” (inglés, música, catequesis, talleres, construcción de la ciudadanía) donde se encuentran los mayores porcentajes de docentes sin título y la menor tasa de titularización.

Entre los muchos problemas que tiene la docencia en la provincia de Buenos Aires, hay dos que se verían enormemente empeoradas por la aplicación de los artículos 109 y 110 del estatuto. El primero de ellos es la oferta educativa que disminuiría por el cierre de cursos y obligaría a las familias a tener que pasar a la gestión privada que ofrece desde el nivel inicial todas las materias que se recortarían del estado, siendo música e inglés que las que más se publicitan a la hora de ofrecer educación privada. Si los docentes de esas áreas son removidos, el alumno de escuela pública se encontrará en una desventaja aún mayor respecto a las privadas

El segundo problema que alimenta la remoción de docentes sin título es la oferta laboral y la precarización de la estabilidad en el sector público. Si se eliminan 7000 docentes del sistema, habrá un mayor número de postulantes para una cantidad igual o menor de cargos a cubrir, lo que limitará la oferta laboral para unos y directamente significará el desempleo para otros. Al mismo tiempo, se debe tener en cuenta que la implementación reciente de la reforma previsional aumentó de hecho la edad jubilatoria docente. A partir del año próximo, para jubilarse con el máximo nivel de aportes, los docentes tendrán que trabajar diez años más los hombres y siete las mujeres, entre otras muchas desventajas. Esto provoca que se reduzcan aún más los cargos docentes disponibles ya que la creación de los mismos se da dentro del sistema casi exclusivamente por defunción o jubilación. Es decir, que al cercenamiento de cursos debe sumarse también el hecho de que los cargos que iban a quedar vacantes en los próximos años por jubilaciones ya no estarán. Siendo así, a no ser que aumente en la misma proporción el número de escuelas y cursos, tanto la reforma previsional como la medida que pretende implementar Vidal, aumentarán el desempleo y el subempleo en el sector educativo.

Si bien los argumentos esgrimidos desde el gobierno provincial tienen que ver con la regularización y la excelencia docente, el objetivo de fondo es un ajuste en dos direcciones. Por un lado, está la reforma previsional que al aumentar los años de aporte, disminuye los años que el estado provincial debe pagar jubilaciones al mismo tiempo que saca mayores ganancias debido a que el sector docente es el que m´s aporta (16%). Por el otro, al quitar los puestos docentes sin título, no solo se ahorra los sueldos y aguinaldos de dichos docentes, sino que al cerrar cursos también ajusta el dinero que envía a las escuelas y al mantenimiento de dichos cursos, al mismo tiempo que corta cualquier posible inversión en la creación de otros nuevos.

De momento, los gremios docentes anunciaron que no aceptarán el ajuste y que el ministro de educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, se comprometió a buscar una alternativa para antes del 28 de Febrero, fecha en la que se prevé implementar las cesantías.

El gobierno quiere cerrar la Televisión Digital Abierta

Los trabajadores de la TDA fueron notificados mediante un comunicado de Hernán Lombardi, que la señal dejará de funcionar desde el día primero de Enero, dejando un saldo de más de 130 despidos.

El gobierno nacional anunció, apenas con tres días de anticipación, el despido de más de 170 trabajadores cuyos contratos terminarían el 1 de Enero y a los cuáles solo se les pagará dos meses de sueldo como indemnización. La medida fue tomada desde el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos a cargo de Hernán Lombardi (curiosamente, desde el inicio de su gestión, los contenidos manejados por esta dependencia gubernamental han ido disminuyendo progresivamente), y generan precisamente el vaciamiento de la señal TDA ya que deja al resto de los canales existentes como Paka Paka y DeporTV, prácticamente sin personal para mantenerse al aire.

La noticia se conoció gracias a una carta abierta publicada por una de las empleadas del sector ya que no hubo anuncios oficiales y no se divulgó dicha informaciones en grandes medios. En dicha carta, Melina Martinez, productora de contenidos, denunció la manera en que fueron manejados los despidos así como el hecho de que se lo haga en nombre del ahorro, cuando en realidad los contenidos de la TDA pasaran a ser realizados por señales privadas a un costo mucho mayor que el que tenían en el estado. “Hoy nos avisaron que en tres días nos rajan. Que el 1º cierran la TDA. Que la plata que se invirtió ahí va a la basura. Que 160 familias quedamos sin trabajo. Así, de un día para el otro” dice Martínez en su carta y agrega ““Lo irónico de esto es que 160 profesionales estaremos mañana buscando laburo en las mismas productoras que el Estado pasará a contratar por videos por presupuestos enormes, o sea más caros que mantener nuestros puestos de trabajo. Yo no tengo más laburo y vos no tenés más TDA gratis.”

Estatales anuncian paro para el 4 de Enero

La medida de fuerza fue anunciada desde ATE luego de un Diciembre con más de 500 despidos en diferentes áreas del estado, entre ellas, TDA y Fabricaciones Militares.

Esta semana, la ASociación de Trabajadores Estatales anunció una serie de asambleas y manifestaciones en los diferentes lugares donde se produjeron los despidos, medidas que culminarán el día 4 de Enero con un paro nacional. Las medidas de fuerza se gestaron luego de que en el mes de Diciembre se produjeran más 500 cesantías en diferentes áreas del estado, como el caso de TDA y FAbricaciones militares, que además dejan al resto de sus dependencias sin suficientes empleados como para mantener esos sectores en actividad. Es decir que dichos despidos producen a la vez un vaciamiento de esas áreas del estado que llevará finalmente a la desvinculación del resto de los empleados que quedan. Esto último, lejos de ser un a especulación fue confirmado por el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, quien anunció nuevos despidos en el estado y un recorte en las partidas presupuestarias como ya sucedió en Fabricaciones Militares.

Además del paro, ATE llamó a realizar varias asambleas y actividades, como a la toma del CCK por parte de los trabajadores despedidos de la TDA y la marcha, finalmente impedida, frente al ministerio de defensa de los empleados desvinculados de Fabricaciones Militares.

Las áreas donde ya hubo despidos confirmados en los últimos meses son:

70 cesantías en el Ministerio de Defensa, otras 108 en el Ente Nacional de Comunicaciones, 6 en SENaSa, 10 en el Ministerio de Modernización, 64 en el de Cultura, 140 en Energía, 21 en el INCAa, 7 en Anse, más de 100 en Fabricaciones Militares, 28 en el área de presidencia.

En la mayoría de los casos, los argumentos esgrimidos para justificar los despidos tienen que ver con “tener un planta óptima”, es decir, una cantidad de empleados ideal en relación a los costos y la productividad de cada sector.  Es decir, que no sobren puestos y que el área funcione al máximo de su potencial. Sin embargo, en los mismos sectores donde se despidieron técnicos y especialistas con sueldos de entre 15.000 y 30.000 pesos, se incorporaron personas sin especialidad en el área, con sueldos superiores a los 150.00 pesos. El caso más notorio es en Fabricaciones Militares el contrato de Ignacio Viale, con un contrato millonario por ofrecer asesoramiento en imagen y marketing, a un sector que abastece al ejército. Por otra parte, en casi todas las áreas la quita de personal lleva a la inviabilidad de las actividades que realizan. Véase el caso de la TDA, donde los despidos dejan en manos de unos pocos productores la tarea de mantener al aire las señales que quedan, cosa que no es posible con la cantidad actual de empleados.

El vaciamiento de las áreas antes mencionadas se realiza a través de retiros voluntarios, jubilaciones adelantadas o bien despidos con indemnizaciones muy bajas.

De acuerdo con las estimaciones del Ministerio de Modernización, el número aproximado de puestos que quieren recortar rondo los 19.000.

Denuncian que fuerzan un paro para detener corrida bancaria

La conducción de la Asociación Bancaria denunció en el Ministerio de Trabajo que las cuatro cámaras empresarias y el Banco Central procuraron hoy que el gremio convocase a “un paro nacional de 24 horas” a fin de que “no se atendiera al público y pudiera evitarse de esa forma una corrida bancaria”, aseguró la organización.