Un gobierno “liberal” que atropella libertades
La criminalización de la protesta forma parte del discurso de todos los partidos de derecha, cuyas figuras van desde Larreta, pasando por Macri, y siendo ahora sus referentes en el gobierno Patricia Bullrich y Javier Milei.
Dicho sintéticamente, se trata de desacreditar toda forma de manifestación de la sociedad civil contra un maltrato laboral, una estafa política, una emergencia o cualquier tipo de injusticia. Evitar que la población pueda manifestar su descontento frente al estado o los privados señalando que quien corta una calle, hace una huelga, o protesta frente a una autoridad, es en realidad un vago, un criminal o revoltoso.
Esta forma de caracterizar toda forma de resistencia civil frente a los abusos de las empresas o el propio gobierno de turno, es un trabajo de larga data a través de los medios hegemónicos de comunicación para evitar la solidaridad entre las personas a la hora de la represión. Esencialmente, se trata de instalar un discurso donde la víctima de un atropello (la gente que está protestando) pasa a ser la victimaria ya que se pone el énfasis en que está limitando el derecho a la libre circulación, en vez de entender por qué se está manifestando en primer lugar.
El fin último de esta criminalización de la protesta (no solo del que corta la calle, sino de toda forma de protesta) es justificar la represión y la persecución: lograr que cuando se transmita en televisión el uso de la violencia policial, el público se ponga del lado del gobierno sin importar si el reclamo que se está llevando a cabo es justo.
Todo este proceder adquiere un tinte cínico además si pensamos que proviene de un gobierno supuestamente “liberal”, es decir, una identidad política que respeta los derechos y garantías de la ley.
Principales puntos del Protocolo anti piquetes:
1 – Este “protocolo” que hizo público Bullrich establece que podrán intervenir las cuatro fuerzas federales, más el Servicio Penitenciario, y tendrán potestad para intervenir en caso de cortes de calle, piquetes o manifestaciones en la vía pública que de alguna manera limiten la circulación, dando además vía libre para realizar detenciones frente a situaciones de “flagrancia” que no están determinadas y por ello dan lugar a que la policía interprete según su conveniencia.
2 – Restringe el uso de cobertura en la cara, para mejor identificación y posterior intimidación de los manifestantes, y aclara que no está permitido el “uso de palos”. De hecho, el uso de palos, armas blancas, amenazas verbales, o cualquier tipo de agresión a los transeúntes ya está tipificado como el delito de intimidación pública y punible con cárcel. Sin embargo, el uso de la imagen del manifestante con palo es parte también de la construcción de los que protestan como personas brutas para justificar la represión.
3 – Se establecen excepciones para eventos sociales, religiosos, deportivos, que de hecho ya están contemplados en las ordenanzas de cada municipio.
4 – Se plantea la creación de un base de datos con los nombres e información pertinente de cada líder de agrupación u organización que se manifieste en la vía pública, así como de las personas que participen en ellas.
Si bien las comparaciones con la Dictadura son fuertes, las tareas de inteligencia contra agrupaciones políticas, opositores al gobierno, gremios, sindicatos, o manifestantes en general, son propias de los regímenes autoritarios. El protocolo no establece qué datos se recaban de los manifestantes ni quién tiene acceso a esa información.
5 – Plantea la posibilidad de que se afecte la tenencia de menores en caso de que los mismos asistan a una manifestación pública.
6 – Plantea la posibilidad de “dar aviso” a “un juez competente” en caso de daño ambiental, es decir, si se produjera humo por la quema de cubiertas u otros objetos.
Curiosamente, el único registro de un gobierno liberal con preocupación por el medio ambiente en 200 años de historia es si dicho daño se produce como parte de una protesta.
7 – “Los efectivos emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente, con especial atención y cuidado ante la presencia de niños, mujeres embarazadas o ancianos. Esa fuerza será graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes o sus apoyos, siempre con empleo de armas no letales.” Golpear a un niño, embarazada o anciano con un arma “no letal” como una tonfa o un taser, pone en serio riesgo su vida. De hecho, un golpe en la cabeza con una tonfa pone en riesgo la vida de cualquiera. ¿Quién determinó la “resistencia opuesta de los manifestantes”? Es un misterio.
“La decisión está tomada y es hacer cumplir la ley”
La frase fue utilizada por prácticamente todos los miembros del gobierno en campaña y ahora en ejercicio. Pero encierra una mirada muy rudimentaria acerca de cómo funcionan las leyes y cómo se aplican las mismas.
La base sobre la que la Libertad Avanza (más las figuras del PRO) defienden este protocolo contra la protesta es la idea de que las manifestaciones públicas vulneran un derecho que es el de la libre circulación, y que por ello el estado debe actuar para garantizarlo. El que quiera protestar puede hacerlo en la vereda donde no moleste ni se lo pueda tomar en serio.
Sin embargo, este planteo es a la vez cínico y desconocedor del derecho. Para entenderlo vayamos paso a paso:
En primer lugar, la ley no es una ley sino un conjunto de leyes que nos permiten convivir en sociedad. No podemos elegir una y exigir su cumplimiento, sino que forman parte de un conjunto y un contexto. Si defendemos la libre circulación, necesariamente debemos defender también la libertad de marchar, de asociarse, de expresar opiniones. No es una ley o la otra.
En segundo lugar, las leyes expresan derechos y libertades que pueden y suelen estar en conflicto entre sí, y corresponde que existan profesionales que interpreten el derecho para saber qué se puede hacer en cada caso. Incluso así es difícil llegar a una respuesta definitiva. Lo que no es posible es zanjar la discusión con un acto de arbitrariedad.
En tercer lugar, la ley tiene un contexto y una jerarquía. ¿Qué es más importante, qué un grupo de trabajadores defienda su fuente de trabajo o salario, o el tráfico en una avenida? Pretender clausurar toda forma de protesta sin entender por qué se hace en primer lugar justificándose además con el derecho a la libre circulación, es cínico por lo menos.
Por último, muchas de las figuras que defienden este protocolo contra la protesta han sido parte ellos mismos de… ¡Protestas callejeras! ¡Cortes de ruta! ¡Marchas anti cuarentena! además de plantear procedimientos que tienen un pie en lo ilegal, son planteos sumamente hipócritas. Un sojero puede cortar una ruta 128 días ¿Pero un piquete del Polo Obrero requiere inmediato accionar policial? Se supone que la ley además de existir en un texto mayor, en un contexto y con una jerarquía, es además igual para todos. Participar en un “banderazo” en el Obelisco del que se tiene además abundante archivo fotográfico, y luego anunciar represión para manifestantes, es burdo, rudimentario, hasta inmaduro.
Hacia el encuentro con la historia
Hoy se realizan, como cada año desde el 2001, las marchas para conmemorar a los asesinados por la represión ilegal del gobierno de Fernando de la Rua, muertos por la policía el 19 y 20 de diciembre. Las organizaciones que participan forman parte de un amplio espectro político que abarca sectores peronistas y de izquierda, que ya se han manifestado en contra del protocolo de Patricia Bullrich.
¿Cuál será el resultado de esta amenaza y provocación al mismo tiempo? ¿Tiene Bullrich vía libre para reprimir discrecionalmente? Y si lo hiciera ¿Esta desgastará al gobierno o lo afianzará en su actitud represiva?
La actual ministra de seguridad fue parte, veinte años atrás, del gobierno que llevó a la Argentina a la peor crisis de su historia y que intentó resolver el problema dejando un saldo de casi treinta muertos y miles de heridos.
Hoy se verá hasta dónde piensa llegar la Libertad Avanza en la represión y será también la primera prueba de los sectores populares ante un gobierno que quiere desterrar la protesta de la vía pública… y no solo de la vía pública.
Los piqueteros de la capital son la excusa. El objetivo real es y fue siempre reprimir la protesta de los trabajadores contra el ajuste.
