El gobierno nacional dio a conocer las primeras 52 obras que comenzaran a ejecutarse a partir del 2018 mediante una mayor inserción de los sectores privados en las obras públicas.
La obra para el nuevo Hospital Interzonal General de Agudos Vicente López y Planes ya figura en la lista de los primeros 52 proyectos de Infraestructura Público Privada a cargo del Ministerio de Finanzas de la Nación.
El lunes 2 de octubre el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne llevó al Congreso el Proyecto de Presupuesto 2018 donde ya se establece lo que aportará el Estado nacional para la obra pública bajo esta modalidad que se encarga de garantizar la rentabilidad de los grandes empresarios.
El nosocomio local se construirá en cuatro tramos que van desde el año 2018 hasta el 2021 en adelante. Según figura en los datos expuestos por el Ministerio durante el 2018 se llevará adelante el 16,67 por ciento de la obra, durante el 2019 y 2020 el 33 por ciento aproximadamente y a partir del 2021 en adelante el 16,67 por ciento restante.
La ley 27.328 de contratos de Participación Público- Privada (PPP), aprobada en noviembre del año pasado, propiciada por el oficialismo, es un nuevo modelo de contrato que permite al contratante (el Estado Nacional, las provincias, y los municipios) otorgar ciertos beneficios a los “inversores”. Los blancos elegidos por el gobierno para el 2018 para este tipo de obras serán el sector de la salud y la seguridad y en nuestro municipio, se aplicarían a la construcción del nuevo HIGA Vicente López y Planes.
Según se pudo recoger de medios nacionales, la nueva ley, por ejemplo, permite la indexación, utilizada para compensar las “pérdidas de valor” de los contratos producidos por las desvalorizaciones monetarias o la inflación y faculta a las empresas a pedir una renegociación en caso de que alguna medida económica altere sus planes.
Otro punto discutido de los contratos PPP tiene que ver con la injerencia que tribunales internacionales tendrían para resolver cuestiones judiciales que se generen a partir de la “inversión” privada. Algo comparable a lo que sucedió con la ley que autorizó el pago a los fondos buitre.
Además la ley contempla que los proyectos de infraestructura que se lleven a cabo bajo este tipo de contratación solo tengan garantizado 33 % de trabajadores argentino, con lo cual se dejaría por fuera el desarrollo de trabajo argentino.
El Gobierno es el principal promotor de este proyecto argumentando que estos contratos dan previsibilidad a las empresas, cuando también dejan un amplio margen para la ganancia especulativa del sector privado y parecen avanzar con procesos de flexibilización laboral.
La medida permite importación temporaria de equipamiento, las exime de impuestos, y una vez terminada, podrá reexportada a su lugar de origen sin pagar el arancel importador.
La noticia de la supuesta construcción de un nuevo edificio para el Vicente López bajo un régimen privado, llega justo en el momento en el que además de avanzar en la privatización de la obra pública, la Alianza Cambiemos también avanza con la privatización encubierta de la salud pública.
La Unidad Ejecutora de la Cobertura Universal de Salud (CUS), creada por decreto de necesidad y urgencia, tuvo su primera reunión. Una reforma dictada por el Banco Mundial para mercantilizar un derecho humano garantizado constitucionalmente. Un plan para mercantilizar el sistema sanitario nacional en función de grandes intereses privados, que no sólo afectará a los sectores que dice beneficiar, sino también a los trabajadores de la salud pública.
