Buenos Aires todavía era una ciudad de aspecto colonial en la segunda mitad del siglo XIX. En ese contexto, nació el primer servicio de ferrocarril del país, con una pequeña locomotora fabricada en Inglaterra y a la que llamaron “La Porteña”. Comenzaba así un 29 de agosto de 1857 la historia de los “Ferrocarriles Argentinos”, y el debate de cual habría de ser el lugar que estos ocuparían en el país.
El presidente Hipólito Yrigoyen que había sido reelegido en 1928 por segunda vez, en comicios estipulados en el marco de la ley de 1912, era derrocado por un golpe cívico militar. La crisis del año 29 había conseguido llegar al país y hacer mella en el prestigio y la popularidad del anciano líder radical. En aquel 6 de septiembre de 1930, la joven democracia argentina no tenía ni la fortaleza, ni el respaldo social y político necesario, como para poder detener al sector que impulsaba el golpe; el mismo sector que luego de la ley Sáenz Peña, que establecía: el sufragio universal, secreto y obligatorio, había perdido el control político del país.
En pocos meses, el nuevo gobierno, considero que el radicalismo se encontraba lo suficientemente desacreditado ante la opinión pública y convocó a elecciones en varios distritos nacionales para el 5 de abril de 1931. La derrota del oficialismo obligó a presidente de facto Uriburu a pedir la renuncia del ministro del interior Matías Sánchez Sorondo, y a replantearse una nueva estrategia. A partir de entonces, el poder económico del país, entendido este como la “oligarquía nacional”, comprendió que de la única forma de sostenerse en el dominio del poder político del país, era por medio de una “democracia fraudulenta” donde se aparentara el sostenimiento y el respeto de la ley, pero la misma estaría amañada de forma tal, que el objetivo de mantener el control se logrará sin que la fachada de legitimidad no se viera alterada.
Así es que por más de diez años, se perpetuo impunemente el fraude como metodología para eternizar su poder a los sectores más rico del país. Se ejercitaron todo tipo de formas que permitieran alcanzar el triunfo del oficialismo. Se podía ver por esos días, sobres ya cerrados con votos para el oficialismo para ser usados en caso de ser necesitados en los conteos, matones por encargo del partido de gobierno actuando impunemente en los centro de votación, expulsión de fiscales de la oposición, votos marcados, urnas llenas de antemano, robo de libretas, desaparición de urnas donde podría ganar la oposición, entrega de listas antes de emitir el voto conjuntamente con promesas y amenazas, conteo de las papeletas del cuarto oscuro cada vez que entraba un votante, utilización de documentos de identidad de personas ya muertas o falsos, y tantas otras artimañas más como fueren posibles pergeñarlas. Todo se iniciaba con el envío de un telegrama al jefe de las fuerzas de seguridad de la zona de votación en el que se le ordenaba que debiera consultar o recibir instrucciones de alguien, que siempre resultaba ser el caudillo local y brazo ejecutor directo del gobierno nacional.
La vieja argentina oligárquica, semi-colonial dependiente, de los intereses de los terratenientes y de la burguesía comercial porteña, asociadas ambas al capital extranjero, se sostuvo de esta forma hasta entrada la década del cuarenta. Cuando a mediados de la misma se deberían realizarse elecciones para elegir a un nuevo presidente donde se pondría en funcionamiento el método del “fraude electoral patriótico” que daría la presidencia al oligarca Robustiano Patrón Costas, empresario azucarero de Salta, asegurando la continuidad y profundización del régimen entreguista, conservador y fraudulento, abriendo la posibilidad cierta de que Argentina se mantuviera por un periodo gubernamental como país satélites del capital extranjero.
El 4 de junio de 1943 un grupo de militares puso fin al gobierno oligárquico de Ramón Castillo y a la llamada “década infame”, signada por el fraude electoral sistemático, la represión a los opositores, la proscripción de la UCR, los negociados vergonzosos en desmedro de los intereses nacionales, el predominio en el poder político de los dueños del poder económico del país y la sumisión a los intereses principalmente del Reino Unido.
Concluyó así un período de gobiernos autoritarios, fraudulentos y corruptos y un modelo económico agro-exportador basado exclusivamente en la renta diferencial de la tierra. Que dicho en palabras más comunes sería un país de ricos para ricos, donde el pueblo en su gran mayoría quedaba desplazado no solo de la riqueza del suelo nacional, como así de la posibilidad de participar de las decisiones trascendentales en lo que hace a la organización y administración del Estado en su conjunto. Lo que vendría luego con la aparición en escena del peronismo representaría un modelo totalmente opuesto de país, que apunto a la industrialización, a la reivindicación de los derechos laborales y a los tres pilares de soberanía política, independencia economía y justicia social.
