Los antecedentes
El 8 de mayo de este año las elecciones jujeñas daban como resultado a Gerardo Morales como gobernador para otro mandato consecutivo con cerca del 50% de los votos, muy lejos del 20% que sacó el entonces Frente de Todos. Esta elección consolidó Morales en el poder y toda su gestión hasta el momento estuvo marcada por la represión de la protesta social y el caso emblemático de Milagro Sala, condenada a prisión por tribunales adictos al gobernador, medios de comunicación con mensajes de odio hacia la oposición y, lo más increíble, un gobierno de Alberto Fernández completamente tranquilo con el avasallamiento de los derechos constitucionales y las instituciones democráticas más básicas en la provincia norteña.
Morales gobernó sus previos cuatro años con puño de hierro persiguiendo cualquier oposición mediante su control directo de los tribunales provinciales. Para aquellos que no encuentran en esto último nada problemático, se supone que la justicia es un poder del estado independiente.
En los últimos años, las provincias norteñas se vieron sacudidas además por otra “posibilidad” de desarrollo en los hallazgos de litio en la cordillera, un mineral que cotiza alto en los mercados mundiales y que “promete” traer prosperidad a la población. De hecho, funcionarios de potencias extranjeras ya han manifestado su interés en controlar estas reservas a través de empresas privadas radicadas en el país. Aquí es donde a lo político se suma lo económico: Morales redactó una reforma constitucional de su provincia que en su contenido permite facilidades para la extracción del litio y, lo más importante, limita la protesta social a través de multas y penas de prisión a quienes protesten en la vía pública, de forma tal que desalienta a quienes ejerzan el derecho a peticionar o protestar frente a las autoridades con un proceso legal o lisa y llana represión.
Todo este conflicto llevó a la rápida sanción de la constitución reformada, aprobada en un proceso express, que además se dio en el marco de una protesta salarial de docentes jujeños que cobran un sueldo de indigencia. Morales intentó poner en práctica el contenido de la reforma: represión y persecución al que proteste. Sea por litio. Sea por sueldo. Sea por derecho.
En ese marco, las autoridades jujeñas esperaban resolver el conflicto utilizando a la policía. Pero lejos de apaciguarse otros sectores de la población comenzaron a unirse a la protesta.
Una semana después de la sanción de la constitución de Morales y luego un represión feroz, docentes, pueblos originarios y trabajadores jujeños resisten en soledad el intento de Morales de imponer un esquema de explotación y represión que todo el mundo señala será el que la derecha de Juntos Por el Cambio buscará instalar en el país.
El falso dilema del mal desarrollo
Los países más desarrollados poseen una industria que les genera ganancias y una cierta distribución de la riqueza que esa industria genera a través de sueldos, inversiones en infraestructura y tecnología. Estos países, sobre todo, le agregan valor a los productos o materias primas que consumen o exportan. Es decir, no exportan hierro, si no maquinaria. No exportan oro y aluminio. Sino computadoras. Y como en el caso del litio, ninguno de estos países se hace rico exportando el mineral separado del suelo, sino invirtiendo en tecnología e investigación, desarrollando la industria y la logística, para finalmente vender baterías.
La excusa con la que se desaloja a comunidades (sean estas originarias o no) que están sobre yacimientos a recursos es siempre que dificultan el desarrollo de la industria y el famoso “progreso” en pos de vivir tranquilamente. Esta misma mentira se repitió cuando las empresas de ferrocarril inglesas se instalaron en la argentina del siglo XIX, deforestando miles de kilómetros de bosque en nombre de un progreso y una riqueza que pasó muy lejos de la población. Cuando se conquistó la Patagonia a sangre y fuego, se decía que el reparto de tierras desarrollaría el sistema agroexportador que abastece a la industria. Nunca pasó y veinte familias se volvieron inmensamente ricas. El oro de las minas de Catamarca, Potosí, Veracruz, nunca llegó a los bolsillos de sus trabajadores, pero sí las enfermedades y la pobreza.
Ahora estos mismos cantos de sirena del desarrollo, la industria y el progreso se abalanzan sobre el “Triángulo del Litio del Norte” y tenga usted la seguridad que vienen a hacer negocios, pero traerán consigo ninguna prosperidad ni ninguna industria. Aunque sí en contraste, los negocios vendrán aparejados con algunos problemas que no aparecerán en el balance de las empresas, pero tenga por seguro que sí los pagaremos nosotros. El más conocido y varias veces vivido será la contaminación.
El litio y las comunidades originarias
¿Por qué las comunidades originarias protestan contra la extracción del litio? ¿No es acaso obvio y deseable que la provincia de Jujuy genere ganancias a través de esta actividad barata y pujante en el mundo? ¿No traerá acaso más puestos de trabajo y mejores salarios? La verdad que no.
En primer lugar, el agua en Jujuy y todo el Norte Argentino es un recurso sumamente escaso y de difícil acceso. Los yacimientos de Litio se encuentran a una altura que está por encima de los valles donde se asienta la población, y para su extracción se requiere cantidades importantes de agua por cada kg de mineral. Hasta el momento, no hay una regulación clara que proteja las fuentes de agua para su uso, y lo que es peor, el agua usada para la extracción, por simple gravedad decanta hacia los valles, donde puede contaminar las fuentes de agua potable de la población originaria.
Por supuesto, empresas y autoridades aseguran que esto no será así porque habrá controles y supervisión a las empresas, en un país donde el estado tiene un papel testimonial y está quebrado.
El otro problema es el de la distribución de la riqueza del litio, que es en realidad el problema de la distribución de cualquier recurso en el país.
Solo para dar un ejemplo claro, en la provincia de Neuquén, donde se encuentran enormes yacimientos de petróleo y gas no convencional, la provincia que supuestamente debería ser rica, tiene avenidas pobladas con emprendimientos inmobiliarios millonarios en convivencia con barrios a la altura de las cloacas y sin calle a solo seis cuadras. (véase los barrios de la ribera del río Limay en la capital de Neuquén).
Todos los recursos del país sufren del mismo problema: una élite que absorbe todos sus beneficios en convivencia con salarios y condiciones de vida miserables. Explotar un mineral es necesario para generar dinero, pero no es ninguna garantía de desarrollo.
Aquí entra el tercer problema: las comunidades originarias son parias en Jujuy. Señalados por los medios como atrasados y violentos, son reprimidos con el visto bueno de una parte de la sociedad. Es muy improbable que sean beneficiarias de la explotación del litio, aunque es casi seguro que se intente damnificarlos con el desarraigo o la contaminación de sus comunidades.
Por esta razón su protesta es clave en los años venideros: no se trata sólo de las ganancias en dólares que puedan ayudar a la Argentina a salir del pozo, sino de la defensa de los derechos ciudadanos básicos, para no ser violentados en reclamo de no ser envenenados para que una minoría se enriquezca.
Jujuy, sin embargo…
Una cancha inclinada
Los manifestantes jujeños se enfrentan a la policía de Gerardo Morales que ha empleado los mismos métodos de la derecha en todo el continente: intimidación pública, secuestros sin identificación, represión con bastón y arma de fuego, disparos a los ojos. No solo las fuerzas de choque, también el poder judicial jujeño sirve como complemento a la represión de Morales, le ofrece un marco legal y ejemplos de condenas interminables a los manifestantes. Por otra parte, están los medios de comunicación provinciales y nacionales, que haciendo uso del racismo y mensajes de odio, señalan a los docentes y pueblos originarios como manifestantes oficialistas que quieren causar caos en las calles. Incluso, una simpática nota de La Nación asegura que militantes kirchneristas de organizaciones sociales llegan a la provincia a luchar con la policía (y recibir un disparo en el rostro) por 5000 pesos. Pero no es todo, el partido de Gerardo Morales, Juntos por el Cambio, junto a sus referentes principales, Larreta y Bullrich, salen abiertamente a apoyar la represión en medios nacionales bajo la idea de que esto levantará su imagen entre sus votantes.
Es increíble, pero hay más. Una parte de la población, ya sea por afinidad con ideologías represivas o por excesivo consumo de medios con mensaje de odio, también apoya la represión en Jujuy, y son de hecho, los votantes que reeligieron a Morales.
Pero hay, contra todo pronóstico, un monstruo todavía más grande: la total indiferencia de las autoridades nacionales.
El presidente, quien tiene mucho más poder que un gobernador de una provincia pequeña como Jujuy, no decretó la intervención, ni apoyó a los manifestantes, ni se inmutó por la inconstitucionalidad de la reforma en Jujuy, ni siquiera intervino de una manera protocolar. Lo único que pudo aportarles a los manifestantes a quienes dice apoyar fueron palabras. Sin embargo, Jujuy resiste.
Los docentes, los sindicatos, las comunidades
En todo el país el sistema educativo sufre la crisis económica, y una más larga crisis del modelo. El síntoma es igual en todas partes, pero más agudo en Jujuy: salarios por debajo del costo de vida. Este sector fue el que se manifestó contra Morales pidiéndole algo obvio y razonable hasta para las dictaduras, y lo cual el ejecutivo jujeño respondió activando la represión y el conflicto que ahora tiene paralizada a la provincia. Varios sindicatos adhieren a la protesta y apoyan el reclamo de los docentes. Pueblos originarios de la zona se sumaron también y resisten en las rutas que conectan la provincia. Estos tres grupos en soledad sostienen el reclamo frente a la represión y ahora varios escenarios se abren a futuro.
En términos político sociales, lo ocurre en Jujuy en un experimento represivo. Se está evaluando cómo reacciona la sociedad a un gobierno que avasalla derechos básicos y reprime indiscriminadamente y con brutalidad. Lo clave estará en si los sectores que protestan pueden resistir esa violencia eficazmente y ganar apoyos en el resto de la sociedad jujeña. El ejercicio de la violencia institucional, paradójicamente, no es simple brutalidad. Requiere mesura. Un exceso en el uso de la fuerza puede llevar, incluso a un virtual dictador como Morales, a perder todo su poder y hacer naufragar lo que intenta imponer en Jujuy. En este sentido, está en una posición delicada: sus jefes políticos a nivel nacional le demandan que no ceda en la represión y culminé este atropello mostrándose fuerte ante la población. Por otro lado, Morales sabe que un exceso lo hará ver como lo que es, de una manera que ni los monopolios de medios podrán ocultar.
El gobernador de Jujuy tiene toda la ventaja para salir airoso del conflicto que él mismo ocasionó. Está a una negociación de salir del laberinto, si es que sus aliados o carácter prepotente se lo permiten.
En un escenario de efervescencia social las aguas pueden calmarse o agitarse muy rápido.
Ahora está por verse cómo reacciona el resto de la sociedad frente a lo que ocurre en Jujuy. Se está practicando la represión que mañana se usará en Buenos Aires ¿Cuál será la reacción?
