Hace apenas una semana atrás varias organizaciones gremiales, sociales y políticas movilizaron hacia las puertas del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para visibilizar y protestar por la reforma en el TSJ impulsada por el Grupo Macri. Para hablar de lo que esto significa, porque se hace y a quién beneficia, Luis Roa, abogado de trabajadores y trabajadoras fue entrevistado por el equipo de El Mero Fondo, en Radio Atilra.
Para comenzar, y contextualizar sobre lo que se está debatiendo, Roa brindó un ejemplo muy gráfico: “Esto es como si, el día de mañana, el Concejo Deliberante de Rodríguez, Moreno o Ituzaingo dictara una ordenanza para que el juzgado de paz pueda intervenir sobre cuestiones nacionales, esto ha sido disparatado”.
En este sentido, aclaro, el TSJ “sería lo que en Rodríguez es un Juzgado de paz; solo que por las magnitudes de la CABA, allí hay un juzgado en primera instancia, segunda instancia y un Tribunal Superior de Justicia. Pero en Rodríguez solo habría un juzgado de paz”.
El TSJ es el máximo tribunal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y resuelve cuestiones vinculadas a la justicia de faltas, contravenciones, cuestiones tributarias del ámbito de la CABA, en cambio, agregaba el abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, no pasan por allí cuestiones civiles, comerciales y laborales.
La ¿confusión?
La CABA es además la capital de la Republica, por lo que allí se sitúan instituciones ligadas a las cuestiones nacionales, entre ellas, la justicia nacional. Pero en calidad de CABA, también hay instituciones ligadas a las cuestiones locales.
Como en dicha ciudad suelen estar radicados legalmente los sectores más poderosos del empresariado argentino, estos sectores han tomado como suya la misión de querer legislar y fallar sobre cuestiones relacionadas al ámbito nacional, tomando atribuciones que no le corresponden.
Rebatiendo este “sin sentido”, Roa manifestó que “la ciudad de Buenos Aires se quiere atribuir la facultad de administrar justicia igual que una provincia, pero la mal llamada Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no es una provincia. Una provincia puede administrar su justicia porque es una facultad que conservó, porque preexiste a la nación, pero la CABA, como tal, tiene existencia a partir de la constitución desde el año 1994”.
Además, cuestionó la Autonomía de la CABA, tildándola de “relativa”, pues se encuentra regulada y medida por la Ley Nacional. Sus competencias dependen del Congreso Nacional, ninguna atribución que este último no le confiera puede atribuirse para sí.
Es más, agregó, “los 200 kilómetros cuadrados de la CABA se los prestó la provincia de Buenos Aires, si mañana dejara de ser la capital de la república, Buenos Aires le puede reclamar esos 200 kilómetros cuadrados”.
Para que la reforma
Si bien esta autonomización creciente de la CABA tiene orígenes históricos de largo plazo, relacionado con el control del manejo del puerto y los centros de poder por parte de los sectores dominantes del país, la muestra contemporánea de ello radica en que esta nueva avanzada autonomista “tiene nombre y apellido, y se llama Mauricio Macri”, afirmaba tajante el abogado.
¿Por qué? Pues porque la causa del Grupo Macri, sobre la que se dictó la quiebra del mismo, se tramita desde hace 20 años en la Justicia nacional ordinaria y la quiebra fue ratificada por la Cámara en lo Comercial, ante una apelación del grupo. Ante esta negativa de revertir la quiebra, el grupo SOCMA, el Grupo Macri, apeló, pero esta vez ante el Superior Tribunal de Justicia de CABA.
La reforma, por tanto, permitiría a este tribunal local, fallar sobre una causa nacional. Un tribunal en el que “salvo Alicia Ruiz, los otros 4 son todos amigotes de este grupo que quiere zafar de la quiebra del correo”, señaló Roa.
Un sin sentido que va desde lo político hasta lo operativo
Luis Roa indicó con firmeza que “esta no es una cuestión jurista, sino una cuestión política”, que además demorará aún más de lo que ya demoran las causas que se tramiten en el ámbito nacional; “Con la cantidad de empresas que tienen domicilio legal en CABA, va a absorber juicios civiles, comerciales, van a meter una instancia más de 2, 3, 4 años. Los juicios laborales, que ya son largos, van a durar el doble”.
Para finalizar, Roa disparó contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación que será quien, finalmente, deberá expedirse sobre esta cuestión. Aseguró que esta corte “de 4 miembros desprestigiados, donde 2 se auto votan, uno como vice y otro como presidente, el uno al otro. Parece haber tenido un poco dignidad esta señora que hace rato debería haberse retirado”, refiriéndose a la Dra. Elena Highton de Nolasco, quien presentó su renuncia como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Este organismo, recordó Luis Roa, ya había alentado la autonomización de la CABA cuando durante la pandemia habilitó al intendente de la CABA, Horacio Rodríguez Larreta, a desconocer el decreto de suspensión de clases dictado por el poder ejecutivo de la nación.
Y yendo más atrás aún, puntualizó: “El fallo Corrales fue el primero preocupante sobre esta cuestión autonómica de la CABA, y data del 9 de diciembre del 2015, el último día de mandato de Cristina”, por si faltaban muestras para dejar en claro el carácter elitista político de esta reforma.
