Por Luis Roa*
Aquel día, cuatro mil efectivos de las policías de Buenos Aires, de Santa Fe, la Guardía Rural Los Pumas, la Prefectura, la Gendarmería y decenas de pesados parapoliciales de la bandas armadas de la Triple A, invadieron como fuerza de ocupación la ciudad, para acallar la oposición obrera que tenía su centro en las empresas metalúrgicas de la zona, principalmente en Acindar.
Ese día, a partir de las 7 y media de la mañana, llegaron a la ciudad más de un centenar de Falcon verdes, azules, bordos sin patentes y camiones que conformaban una caravana de un kilómetro y medio de extensión. Dentro de cada auto iban cuatro o cinco pesados, cada uno portando armas largas y cortas, exhibiéndolas por las ventanillas, algunos a cara descubierta, otros se cubrían el rostro con pañuelos, lentes oscuros y gorras con viseras, boinas azul marino y verdes.
Se daba comienzo así a un brutal operativo represivo que el ministro del interior isabelista, Alberto Rocamora, llamara “Operativo Serpiente Roja del Paraná” para barrer el complot de la industria pesada. Detrás estaba la oscura presencia del ”Brujo” José Lopez Rega y del poder empresarial.
El objetivo central de la ocupación era el disciplinamiento de los trabajadores a través de la represión, nucleada alrededor de la seccional local de la UOM, opositora a la conducción nacional, y nucleada en la Lista Marrón encabezada por Alberto Piccinini, que había ganado la dirección sólo cuatro meses antes. Ese día fueron detenidas y secuestradas 150 personas, y asesinadas otras 17, entre miembros de la comisión directiva seccional metalúrgica, de la comisión interna, delegados, paritarios, activistas, militantes, y periodistas y responsables de medios de comunicación de la ciudad. Entre los detenidos había también dirigentes de la Unión Ferroviaria y delegados de Acindar, Marathon, Metcon. En otras localidades cercanas, del cordón industrial del Paraná, detuvieron a delegados de PASA, John Deere, Massey Ferguson y la metalúrgica Galizia Bargut.
Se daba paso a una práctica que fungiría en plan sistemático tan solo un año después: la utilización del aparato represivo y de inteligencia del Estado para sofocar al “enemigo interno”. Pero ese aparato represivo encontraba su foco en la desarticulación de la movilización obrera, obstáculo para la acumulación empresarial.
La respuesta de los trabajadores no se hizo esperar. A la militarización del territorio, a las detenciones, secuestros, torturas, y asesinatos que dejó aparentemente sin conducción la protesta, se opuso la fuerza organizada de una huelga por tiempo indeterminado que se extendió por 59 días. Pero al tiempo de la resistencia popular se desató un plan sistemático de represión: el 22 de abril, la policía reprimió una asamblea de 10 mil trabajadores con sus familias en la plaza central del pueblo. Ese día fue asesinado José García, diez personas heridas y otras cien detenidas. La represión fue en escalada, y no se detendría.
Finalmente la huelga de brazos caídos culminó tras su levantamiento por una asamblea de 2500 obreros, el día 17 de mayo. No pudieron volver a trabajar 400 trabajadores que fueron despedidos. En poco tiempo, la lista de víctimas de muertos y detenidos se duplicó. Centenares de obreros perdieron sus trabajos, otros fueron detenidos, y decenas continúan desaparecidos. Los presos de Villa Constitución fueron trasladados a diferentes cárceles del país, torturados y castigados de diferentes formas. Al ser liberados algunos se exiliaron, mientras que otros perdieron sus trabajos sin posibilidad de reemplazarlo debido a las listas negras que circulaban de empresa a empresa. Los acontecimientos que rodearon al Villazo constituyeron un ensayo de la dictadura que tomaría el poder un año después.
Tal escenario hubiera sido imposible sin la capacidad operativa represiva y los dispositivos de “inteligencia” del Estado Nacional, que a sus vez coordinó a las fuerzas de seguridad provinciales y a las hordas de parapoliciales. Un Estado Nacional que luego de la muerte de Perón, auspició la brutal cacería de opositores internos y externos bajo la máscara de las bandas armadas de Lopez Rega. La represión fue dirigida por el comisario Antonio Fiscchietti, luego reclutado para integrarse en la Triple A, siendo delegado de la Policía Federal Argentina en la provincia de Tucumán.
Tampoco se habría concretado, sin la colaboración activa de las empresas, fundamentalmente Acindar, que a la vez eran tributarias y beneficiarias directas de la represión. Al poder económico le urgía resolver ese problema que, al decir de Ricardo Balbín, era la “guerrilla industrial”. Una guerrilla que se usaba como excusa, pero paradojalmente iba perdiendo toda capacidad operativa.
Así, a partir del Villazo, se monta uno de los primeros centros clandestinos de detención en la propia empresa Acindar. El presidente de su Directorio era nada menos que José Alfredo Martinez de Hoz, descendiente del fundador de la Sociedad Rural Argentina. Joe, como lo llamaban, mantenía estrechos lazos con los líderes del ejército, luego de haber sido funcionario de varias dictaduras desde 1955. Con ellos, pergeñó un sistema de espionaje y vigilancia, coordinado con las fuerzas de seguridad y la inteligencia militar, orientado a identificar a los principales activistas sindicales.
Se sabe que la empresa cedió el llamado albergue de solteros a la policía federal para torturar obreros, del mismo modo que en su predio se practicaron simulacros de fusilamiento, y utilizaron los hornos de fundición para asesinarlos. Fue Acindar quien pagó u$s 100 por día a cada uno de los represores. Se encuentra probado que el pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini.
La consigna era terminar con el activismo subversivo, el enemigo interno enquistado en la industria: acabar con la oposición obrera, para avanzar con el plan de fondo, perpetrar un industricidio, para reprimarizar la economía.
Pero eso sería posible como solución final, cuando cayó el plan de shock de junio de 1975. El Rodrigazo fracasó para el poder económico concentrado, porque se transformó en lucha y resistencia; el movimiento obrero organizado aún tenía capacidad de respuesta y movilización a las pretensiones de convertir la democracia en un Estado de Terror y ajuste económico brutal. No bastaron ni Lopez Rega, ni Celestino Rodrigo, ni Ricardo Zinn.
Aquel desenlace del Rodrigazo, aceleró la decisión del golpe de Estado de 1976. El plan sistemático de represión había tenido su horroroso bautismo en la ciudad de Villa Constitución sobre el final del verano del ´75.
Al final del otro verano, nueve meses después del Rodrigazo, el poder económico concretaría su objetivo frustrado en democracia: el golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976. Jose Alfredo Martinez de Hoz, dejaría la presidencia de Acindar, para convertirse en el primer ministro de economía de la dictadura. Anunciaría su plan de apertura económica, y reprimarizador de la economía con anclaje en la revalorización financiera, el 2 de abril.
En Acindar, había quedado de Presidente, un viejo conocido: el General retirado Alcides Lopez Aufranc, el primer instructor de tortura en la escuela de Guerra Contrarrevolucionaria, que en los 60´ se instalara en Buenos Aires impirada en la organización paramilitar francesa en Argelia, la OAS. El primer posgrado del terror de América, financiado por el Comando Sur.
Pero al fin, es como quirúrgicamente señaló Rodolfo Walsh en su célebre carta abierta: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada.”
*Abogado de los trabajadores y las trabajadoras. Docente UBA
