La crisis de diciembre de 2001 en Argentina, también referida como el “Cacerolazo”, fue una crisis política económica social e institucional, potenciada por una revuelta popular generaliza bajo el lema “QUE SE VAYAN TODOS“.
Fue la resultante de una crisis mayor que se extendió entre 1998 y 2002, causada por una larga recesión que disparo una crisis humanitaria de representatividad social económica financiera y política.
Causó la renuncia del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, dando lugar a un periodo de inestabilidad política durante el cual cinco funcionarios ejercieron la presidencia de la Nación.
Rememorando diremos, que a partir de 1997 comenzaron a ser cada vez más visibles los aspectos negativos del gobierno de Carlos Menen, junto a sus incumplidas promesas de revolución productiva. Para sostener la convertibilidad se necesitaba el ingreso de dólares en abundancia. Esto se logró, con la privatización de casi todas las empresas estatales y los fondos jubilatorios y de pensión. El modelo y su resultante de hambre y desocupación, comenzó a depender cada vez más de la toma de deuda externa y el pago de altos intereses, con el fin de mantener la estabilidad.
Menen es sucedido en su gobierno por Fernando de la Rúa, quien continua su política incluso con el tristemente célebre Domingo Cavallo autor del salvavidas de plomo que se llamó “Plan de Convertibilidad”. En la desesperación de su fracaso impone una disposición que restringía la extracción de dinero en efectivo de los bancos.
La crisis llego a un punto insostenible el 29 de noviembre cuando los grandes inversionistas comenzaron a retirar sus depósitos monetarios de los bancos y, en consecuencia, el sistema bancario colapso por la fuga de capitales junto a la negativa del fondo Monetario Internacional de refinanciar la deuda y conceder un rescate.
Cavallo anuncio por cadena nacional una medida que fue conocida como el “CORRALITO” imponiendo la bancarización forzosa de la economía, mediante la prohibición de extraer dinero en efectivo de los bancos en sumas superiores a 250 pesos o dólares por semana. Esta medida afectó principalmente a las personas con ingresos informales, entre ellos los trabajadores no registrados por las empresas que en ese momento alcanzaba el 44,8 % cifra que casi duplicaba la de 1994, cuando llegaba a 28,4%.
El 13 de diciembre, el movimiento obrero organizado, declara la séptima huelga general contra la política económica y social del gobierno de De la Rúa. El paro tuvo alto acatamiento, con adhesión de sectores que habitualmente no se sumaban, como el comercio, la clase media y sectores no sindicalizados.
Se sucedieron manifestaciones de descontento en todo el país y como todo neoliberal asustado, la noche del 19 de diciembre el presidente De la Rúa habla por televisión en cadena nacional, para anunciar que había impuesto por decreto el estado de sitio, suspendiendo las garantías constitucionales y violando la Constitución de la República Argentina, que establece que la declaración del estado de sitio es una función exclusiva del Congreso de la Nación, cuando se encuentra en período de sesiones (art. 75, inc. 29)
Inmediatamente después de terminado el anuncio de la Rúa, millones de personas en todo el país empezaron a hacer sonar cacerolas desde sus casas y muchas salieron a las calles dando inicio a lo que se conoció como el “Cacerolazo”
Un grupo se concentró frente a la casa rosada exigiendo la renuncia del presidente, comenzando a corear una consigna que caracterizaría al movimiento ¡QUE SE VAYAN TODOS!, mostrando la crisis de representatividad en la que se vivía.
Las manifestaciones se sucedieron simultáneamente en todo el país. Fueron brutalmente reprimidas causando la muerte de más de 39 manifestantes, y pesar de la insistencia de De la Rúa de no renunciar, el día 20 después de incontrolables incidentes renunció, escapando de la casa Rosada en un helicóptero.
A 16 años de los acontecimientos relatados, no es rara la coincidencia que nos toca hoy vivir a los argentinos. La fecha y las injusticias impuestas mediante la flagrante violación a los postulados consagrados en nuestra Constitución, nos muestra a las claras qué podemos esperar siempre de quienes gobiernan de espaldas al pueblo, alcanzando el poder mediante el engaño y la mentira.
