Cada 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, con el objetivo de recordar a aquellas víctimas de la última dictadura militar, autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional», que tuvo lugar en la Argentina entre los años 1976-1983. Esta fecha, establecida en el año 2002 a través de la Ley de la Nación 25.633, nos invita a reflexionar, recordar y a construir la memoria colectiva para evitar que estos acontecimientos vuelvan a repetirse.
La madrugada del 24 de marzo de 1976 fue el principio de uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. Las Fuerzas Armadas se adueñaron del poder y derrocaron al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón. Así dieron comienzo a una dictadura de siete años signados por la violación a los derechos humanos, el terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad. A partir de 1983, con el retorno de la democracia, se sometió a juicio a las Juntas Militares y se creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) con el objetivo de aclarar e investigar las desapariciones forzadas de personas ocurridas durante ese período. Este hecho dio origen en 1984 al informe final conocido como «Nunca más» en el que fueron condenados varios de los genocidas involucrados.
Reconstruir el pasado
Gracias a diversas investigaciones y a la recopilación de información fehaciente, se ha podido determinar, hasta el momento, que nuestra localidad cuenta con 14 personas detenidas desaparecidas de entre 25 y 30 años, y un caso de una detenida que fue liberada a los diez días. Esta cifra incluye a quienes nacieron, vivieron, desarrollaron su militancia política o que sus cuerpos fueron encontrados en el distrito.
“Hay otros casos bajo estudio, pero todavía no podemos confirmarlos porque no tenemos documentación suficiente, es decir, aún no podemos acreditar quiénes son esas personas. Tenemos la certeza de que hubo enterramientos N.N. entre fines de 1975 y mediados de 1978 y eso consta en los registros del cementerio local. Su identificación es sumamente compleja, por eso sigue siendo materia de investigación”, sostiene Camilo Sueiro, Subdirector de Derechos Humanos de General Rodríguez.
Estas dificultades se deben principalmente a que los represores aún mantienen un pacto de silencio sobre los lugares donde se encuentran los cuerpos de los desaparecidos. En su mayoría, los cuerpos eran ocultados en enterramientos clandestinos o arrojados en “vuelos de la muerte”. De los desaparecidos locales sólo se pudo identificar, por el momento, el cuerpo de Noemí Tardivo de Ghigliazza, sin embargo, sus restos no fueron devueltos a su familia y se enterraron en una fosa común. Del resto de las víctimas aún se desconoce el destino de sus cuerpos.
Los desaparecidos locales, en su mayoría, eran militantes políticos, maestras, trabajadoras sociales, obreros, entre otras profesiones. Sin embargo, Sueiro señala que el accionar represivo no estuvo vinculado al desarrollo profesional, sino al desarrollo e involucración política.
Detenidos-desaparecidos de General Rodríguez
- Ricardo Mario Ghigliazza, 26 años. Su familia solía vacacionar en una quinta cerca de Las Latas. Sus estudios secundarios los realizó en Castelar, ciudad en donde vivía. El 19 de septiembre de 1975 fue detenido y desaparecido en San Miguel de Tucumán, luego del arribo del ejército a su domicilio. “Mimí” Tardivo era su pareja y madre de sus hijas.
- Carlos Alberto Rabecoff, 31 años. Era abogado y comerciante. Fue asesinado el 25 de marzo de 1976 en Recoleta, Capital Federal.
- María Teresa Garzón de Rodríguez, 40 años. Nació en Córdoba y militaba políticamente en el norte de la provincia de Buenos Aires. Para preservar su vida decidió venir a ocultarse cerca del cementerio municipal, en la casa de un compañero. Sin embargo, el 4 de mayo de 1976 fue secuestrada y trasladada al centro clandestino que funcionaba en la ESMA.
- Hugo Ernesto Perrone, 28 años. Nació en Capital Federal y su militancia política estuvo centrada en La Matanza. El 24 de junio de 1976 fue secuestrado del domicilio donde vivía, en la localidad de San Justo. Su cuerpo fue encontrado en el kilómetro 43 del Acceso Oeste en General Rodríguez.
- Irma Noemí Tardivo, 24 años. Docente. Secuestrada y desaparecida el 8 de julio de 1976 en la Escuela N° 52 del Cuartel V, Moreno, provincia de Buenos Aires.
- Jorge Raúl Segovia, 30 años. Nacido en Entre Ríos, en la localidad de Gualeguay. Vino de chico a vivir en General Rodríguez. Fue secuestrado y desaparecido el 8 de julio de 1976 cuando se encontraba en su domicilio en el Barrio Santa Brígida.
- Silvia Fernanda Gallart, 25 años. Nació en Capital Federal y había estudiado Filosofía y Letras en la Escuela Diocesana de Servicio Social Morón. Realizó una suplencia en el Instituto General Martín Rodríguez y trabajó en la guardería N° 801. El 8 de julio de 1976 fue secuestrada de su domicilio ubicado en la calle Caseros de Villa Vengochea, de General Rodríguez.
- Juan Benedicto Maiorano, 32 años. Se desempeñaba como albañil en nuestro distrito. El 9 de julio de 1976 fue secuestrado y desaparecido.
- Luis Bernardo Rodríguez, 38 años. Nació en nuestra ciudad y trabajó en la empresa Dalmine Siderca, en la localidad de Campana. El 27 de octubre de 1976 en su domicilio ubicado en Zárate, fue secuestrado y desde ese día no se supo más nada de él.
- Hugo Rubén Flores, 23 años. Fue secuestrado y desaparecido el 21 de abril de 1977 en su domicilio de Villa Zagala, partido de San Martín.
- Miguel Angel Hoyos Guardo, 22 años. Fue secuestrado el 3 de agosto de 1977 en la ciudad de Ezeiza, provincia de Buenos Aires.
- José Quesada Maestro y María Guadalupe del Reguero, 55 y 52 años respectivamente. Eran una pareja de españoles que vivían en nuestro distrito, cerca de la Avenida 25 de Mayo. José era tornero y herrero y junto a María trabajaban en una herrería y carpintería de aluminio, ella también era modista. Fueron secuestrados y desaparecidos el 28 de diciembre de 1977 junto a su hijo Rubén de 18 años. Días después, Rubén fue liberado pero sus padres continúan desaparecidos.
- Noemí Graciela Beitone, 25 años. Nació en General Rodríguez y se fue a vivir a Capital Federal en el año 1979. Estudiaba Farmacia y trabajaba en la “Farmacia Integral” ubicada en el Barrio de Almagro. El 11 de mayo de 1979 fue secuestrada mientras salía de su trabajo y fue trasladada al centro clandestino que funcionaba en Campo de Mayo.
Centros clandestinos de detención y represores
Se estima que en nuestro país se instalaron alrededor de 700 centros clandestinos de detención que estuvieron emplazados dentro de las ciudades, en lugares como comisarías, cuarteles, dependencias militares, escuelas, empresas, fincas particulares y otros sitios. “Nosotros no tenemos información a ciencia cierta que compruebe que General Rodríguez haya tenido centros clandestinos, sin embargo, esto no implica que no hayan existido casas operativas u otras modalidades de traslado de detenidos en el distrito”, indica Sueiro. Cabe destacar que nuestro distrito se encontraba bajo la órbita del Regimiento de Infantería Mecanizada N° 6, con asiento en la ciudad de Mercedes.
En cuanto a los represores locales, Sueiro comenta: “Nosotros no tenemos represores con actuaciones confirmadas a nivel local. Lo que sí podemos asegurar es que hubo personas que estuvieron con prisión domiciliaria en nuestra ciudad, pero esos delitos no habían sido cometidos acá sino en otros lugares”. Tal es el caso de Gustavo Abel Boccalari, rodriguense y ex oficial de la policía bonaerense, condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral de Bahía Blanca por homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad e imposición de torturas durante la última dictadura militar. El imputado en el momento de los hechos era Subinspector de la Bonaerense y se encontraba a cargo de la Sección Cuatrerismo de Bahía Blanca. Fue el único acusado en un juicio que tuvo como víctima a Julio Argentino Mussi, secuestrado de su domicilio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, en marzo de 1977. Boccalari no cumplió la pena en una cárcel común debido a que recibió el beneficio de prisión domiciliaria. Falleció en el año 2019 a causa de un cáncer.
Por otra parte, actualmente se está desarrollando un juicio en Mercedes donde se investiga el accionar de 37 militares y ex militares de Moreno y General Rodríguez que también estarían involucrados en estos crímenes de lesa humanidad.
Trabajo en conjunto por la memoria colectiva
La Subdirección de Derechos Humanos de General Rodríguez tiene un convenio de colaboración con la Comisión Provincial de la Memoria (CPM), un organismo que promueve políticas públicas de memoria y derechos humanos. Desde 2001, la CPM gestiona los archivos y fondos documentales de la ex Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, entre ellos los de nuestra ciudad. Además, desde la Subdirección trabajan en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que cuenta con el registro de todas las denuncias que se efectuaron entre los años ´83, ´84, ´85 y ´86.
Recientemente, el Archivo Nacional de la Memoria hizo entrega de los legajos de las personas detenidas y desaparecidas a distintos municipios de la provincia, entre ellos nuestro distrito. Esto permitirá reconstruir las historias de vida de las víctimas locales. “Toda esta información que nos entregan sobre nuestros desaparecidos favorece la investigación. Se las torturó, ultrajó y se las desapareció, lo que no podemos hacer es quitarles el derecho a ser recordados. El genocidio no implica solo matar, implica toda la destrucción de la identidad colectiva de un pueblo. Por eso, el Estado tiene que trabajar para que esas historias tengan la debida memoria y para evitar que estos hechos tan atroces se vuelvan a repetir”, explica Sueiro.
En el marco de esta necesidad de construir memoria se destacan también distintos espacios e instituciones que buscan mantener vivo y hacer presente el pasado. Los museos, por ejemplo, son parte fundamental ya que se dedican a la conservación, investigación, comunicación y exhibición de objetos e información que constituyen el patrimonio material e inmaterial de un determinado lugar.
Mirna Aranzazu Santillán dirige el Museo Municipal “Dr. Bernardo de Irigoyen” de nuestro distrito y recuerda algunas historias puntuales de esa época que conoció gracias al archivo histórico que posee la institución y que más la impactaron. “Uno de los relatos que me conmovió y me tocó de cerca fue el de Jorge Raúl Segovia, detenido desaparecido en el año 1976. Jorge era familiar de las dueñas de esta casa en donde hoy está el Museo, hay una foto en donde se lo ve festejando un cumpleaños acá y eso es fuerte. Uno ha convivido con los desaparecidos, por eso sus historias nos atraviesan a todos”, expresa Aranzazu Santillán.
En una serie de fotos de la época que tienen en el museo, Mirna distingue la “convivencia en total normalidad de los militares, la parte eclesiástica y las autoridades de las asociaciones intermedias del momento”. Otro de los hechos que significó un quiebre para ella fue el día en que fueron retirados del Museo Municipal los cuadros de los intendentes de facto y sólo se dejaron exhibidos los de aquellos que fueron elegidos por el voto popular.
Por otro lado, hoy el museo posee una muestra fotográfica de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, referentes y luchadoras incansables por los derechos humanos. También hay un Espacio para la Memoria donde figuran los nombres de los detenidos desaparecidos de General Rodríguez, aunque aclara que esta nómina se encuentra en permanente modificación gracias a las investigaciones llevadas adelante por la Subdirección de Derechos Humanos.
“Tomar conciencia de la lucha política, militante y de todo lo que significó esta última dictadura cívico eclesiástica militar lo entendí muchos años después. Por eso es fundamental luchar por la Memoria, la Verdad y la Justicia”, agrega.
